Juez federal declara inconstitucional la reforma al Poder Judicial de 2024

Un Juez de Distrito en materia administrativa emitió este martes una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada y publicada en 2024. El juzgador argumentó en su resolución que el proceso legislativo presentó vicios procedimentales graves y que el modelo de elección popular para designar jueces y magistrados excede los límites constitucionales, afectando la independencia judicial y la división de poderes en el país.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró el fallo, calificándolo como un precedente histórico en la defensa del orden constitucional mexicano. Representantes de la asociación señalaron que esta determinación judicial subraya la importancia de los mecanismos de control constitucional frente a cambios estructurales que, a su juicio, comprometen la carrera judicial y el acceso a la justicia técnica.

El documento judicial enfatiza que la soberanía legislativa, aunque amplia, no puede vulnerar los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna ni alterar la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación sin un consenso que garantice la estabilidad institucional. El juzgador determinó que la reforma, tal como fue implementada, vulnera derechos humanos y garantías procesales al sustituir criterios de mérito y experiencia por procesos de elección que podrían estar sujetos a presiones externas.

Ante esta resolución, se espera que el asunto escale hacia instancias superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde deberá definirse el destino final de la reforma. Mientras tanto, el Poder Judicial mantiene sus labores bajo el escrutinio de este fallo, que pone a prueba la solidez del sistema jurídico frente a las modificaciones constitucionales más recientes en la historia política de México.

La controversia ha generado un intenso debate entre especialistas en derecho constitucional, quienes analizan el alcance de la sentencia y sus implicaciones prácticas. Por su parte, sectores del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión han manifestado su desacuerdo, argumentando que los cambios realizados en 2024 responden a una voluntad popular expresada en las urnas y que el Poder Judicial no debe obstaculizar las reformas impulsadas por el Legislativo.