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México

Interpol retira fichas rojas a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión internacional y anunció que el gobierno mexicano solicitará la reactivación de las fichas contra la pareja.

Redacción La Constancia
Foto: lopezdoriga.com

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha retirado las fichas rojas emitidas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, quienes enfrentan procesos judiciales en México por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta determinación internacional ha generado una respuesta inmediata desde el Poder Ejecutivo federal, marcando un nuevo punto de fricción en la cooperación judicial entre México y los organismos globales de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la medida tomada por el organismo internacional. La mandataria calificó a ambos implicados como personas vinculadas con esquemas de facturación falsa, señalando que la administración federal no dará marcha atrás en los esfuerzos por localizar y presentar ante la justicia a los señalados por las autoridades mexicanas.

La presidenta Sheinbaum instruyó a las instancias correspondientes, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que inicien los trámites necesarios ante la sede de Interpol. El objetivo del Gobierno de México es solicitar formalmente la reactivación inmediata de las notificaciones rojas, argumentando que las investigaciones locales siguen vigentes y que existen órdenes de aprehensión activas dictadas por jueces federales contra los involucrados.

Por su parte, el equipo jurídico de la FGR se encuentra preparando la documentación técnica y jurídica necesaria para sustentar la petición ante las instancias internacionales. El argumento central del Estado mexicano se basa en la persistencia de los cargos por el desvío de recursos públicos y la presunta creación de empresas fachada, delitos que el gobierno actual mantiene como prioridad en su agenda de combate a la corrupción y la impunidad en los sistemas financieros del país.

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