Impulsan Ley General para modernizar catastros y registros públicos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una iniciativa legislativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Este proyecto tiene como objetivo central estandarizar los procesos en las entidades federativas, buscando eliminar la discrecionalidad y los trámites burocráticos que han facilitado históricamente actos de corrupción en la gestión de la propiedad privada y pública. La propuesta se alinea con la política de simplificación administrativa anunciada a inicios de 2025 para agilizar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales.

El sector inmobiliario y financiero en México enfrenta desafíos críticos debido a la fragmentación de los registros públicos y catastros municipales. Al no existir una base de datos unificada, los procesos de escrituración y validación de títulos de propiedad suelen ser lentos y propensos a errores o manipulaciones. Según fuentes cercanas al Ejecutivo Federal, la armonización planteada permitiría una mayor transparencia, garantizando que la información sobre los bienes inmuebles sea veraz, actualizada y accesible bajo criterios técnicos homogéneos en todo el territorio nacional.

Uno de los pilares de esta iniciativa es facilitar el acceso al crédito hipotecario, un motor fundamental para la economía nacional. La falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra suele ser una barrera para que las instituciones financieras otorguen préstamos en condiciones competitivas. Al fortalecer la seguridad jurídica mediante catastros modernos, el gobierno federal pretende incentivar la inversión en vivienda y el desarrollo urbano ordenado, reduciendo los tiempos de espera para los ciudadanos que buscan regularizar o comercializar sus activos.

La propuesta deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión en los próximos meses. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se perfila como el ente coordinador para la implementación de esta ley, trabajando en conjunto con las autoridades estatales y municipales. El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de los tres órdenes de gobierno para digitalizar sus archivos y adoptar protocolos tecnológicos comunes, superando las inercias administrativas que han prevalecido durante décadas en los registros públicos locales.