Gobierno mexicano recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles

El Gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares derivados de la enajenación de doce bienes inmuebles que pertenecían a la familia Weinberg. Estas propiedades estaban identificadas por las autoridades federales como activos vinculados a una red de prestanombres que operaba en favor del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La operación de venta se ejecutó como parte de los esfuerzos continuos de la actual administración para recuperar recursos que fueron desviados mediante esquemas de corrupción y contratos ilícitos durante sexenios anteriores. Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera han supervisado el proceso para asegurar que los fondos ingresen directamente al erario federal, cumpliendo con los marcos legales vigentes de extinción de dominio.

Fuentes del gobierno federal señalaron que este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para localizar y recuperar otros activos que aún permanecen bajo investigación. El equipo a cargo de las indagatorias sostiene que existen indicios sólidos sobre la existencia de más propiedades y cuentas bancarias en territorio nacional y en el extranjero que fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita relacionados con la misma red de complicidades.

La administración federal reiteró su compromiso de mantener el seguimiento jurídico sobre este caso hasta agotar todas las instancias necesarias. El objetivo principal, de acuerdo con los voceros, es garantizar que el patrimonio obtenido mediante el abuso de la función pública sea restituido al Estado para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura prioritarios para el país.

El proceso de adjudicación de estos bienes se realizó bajo estrictos protocolos de transparencia, buscando evitar cualquier irregularidad en la disposición de los activos. Con esta acción, el Estado mexicano reafirma su postura de combatir la impunidad y desarticular las estructuras financieras que permitieron el enriquecimiento ilícito de exfuncionarios y sus redes de apoyo durante las décadas pasadas.