Exdirector de la DEA solicita a Harfuch procesar a Rubén Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), solicitó formalmente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que proceda con la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según declaraciones difundidas recientemente, el exfuncionario estadounidense sostiene que el mandatario estatal debe comparecer ante las autoridades judiciales de su país para responder por presuntas acusaciones relacionadas con actividades ilícitas que han sido objeto de seguimiento por parte de agencias extranjeras.

La petición de Maltz ocurre en un contexto de alta tensión diplomática y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. El exfuncionario argumenta que la colaboración bilateral debe trascender las estructuras políticas locales para garantizar que los presuntos responsables de delitos transnacionales enfrenten procesos legales, independientemente de su cargo o fuero dentro de la administración pública mexicana. Esta postura busca elevar la presión sobre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para esclarecer los vínculos que, según la perspectiva de Washington, podrían existir en las altas esferas del gobierno sinaloense.

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ha mantenido una postura institucional respecto a la cooperación internacional, enfatizando que cualquier proceso de extradición o entrega de ciudadanos mexicanos debe seguir estrictamente los protocolos establecidos en los tratados vigentes y bajo el marco de soberanía nacional. El gobierno federal mexicano ha reiterado en diversas ocasiones que las investigaciones deben ser sustentadas con pruebas sólidas presentadas ante la Fiscalía General de la República, organismo encargado de validar cualquier solicitud de colaboración judicial internacional.

La situación coloca al gobernador Rubén Rocha Moya en el centro de un intenso debate político nacional. Mientras diversos sectores de la oposición exigen claridad sobre estas acusaciones, el mandatario estatal ha rechazado públicamente cualquier involucramiento en actividades delictivas, manteniendo sus funciones al frente del Poder Ejecutivo en Sinaloa. La exigencia de Maltz añade un nuevo nivel de complejidad a la relación entre ambas naciones, obligando a las autoridades mexicanas a equilibrar la soberanía del Estado con las demandas de justicia presentadas por agencias de seguridad extranjeras.